Yanio Concepción/Presidente ejecutivo de Vega Real
Tomado de elfinancierodigital.com
Los debates mediáticos en República Dominicana que giran en torno al nacionalismo, además de los clásicos temas de preocupación actual como son la marcha de la economía, las tareas pendientes en lo social, ambiental y sobre los valores éticos, con matices de volatilidad y complejidad nacional, regional y mundial, cuyos impactos afectan con mayor significación a los sectores sociales de la clase baja y media y su presupuesto familiar.
Los técnicos del Banco Central han señalado que los dos quintiles citados en el párrafo anterior rondan los RD$31,586.84 y RD$37,456.70, respectivamente; a sabiendas de que estos núcleos sociales constituyen la mayoría de la población dominicana.
El incremento de la deuda pública externa e interna del sector no financiero, ronda los US$52,665,3 millones, llegando al nivel de representar el 46,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, al 25 de octubre del 2022.
Dicha variable, sumada a los aumentos registrados en la tasa de interés de política monetaria a 8.75%, aduciendo regular la expansión monetaria, son dos factores que ponen en serios aprietos a los sectores productivos, en cuanto a la oferta y demanda de recursos financieros.
Lo más atinado sería que los decisores de políticas públicas organicen las estadísticas de carácter social, económica y ambiental, con transparencia, a fin disponer de un PIB más sostenible, al tiempo de procurar un mayor recaudo en cuanto a los tributos y avanzar en el sentido de lograr una mayor presión fiscal, pasando de un 14% a un 17% del PIB, a partir de gravar las grandes fortunas y los capitales, y revisar las exenciones y exoneraciones a sectores que no lo ameritan.
En lo relativo a la economía social y solidaria, es imperativo que desde el Estado Dominicano se propicien políticas de incentivo y fortalecimiento, como alternativa para enfrentar la pobreza, e incluso considerar a las cooperativas como entidades de mitigación y emancipación de la pobreza en las comunidades de las provincias fronterizas.
Obviamente que la economía privada ha estado a merced de las ventajas que puedan proveerle desde el Estado, rehuyendo a los avances que demandan las circunstancias.
La economía social y solidaria, propugna por la justicia social, económica y ambiental, con trabajo decente, por lo que plantea entre uno de sus postulados “primero la gente y sus valores”, representada por el cooperativismo, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, gremios, entre otras, es generadora de riqueza sostenible estimada en altos volúmenes, es una economía fuerte y robusta que crece en la solidaridad comunitaria.
En un país en desarrollo como el nuestro, la unidad y el compromiso de visión consolidada en los actores políticos, empresariales y sociales, deberá primar un pacto nacional a mediano y largo plazo, en aras de fortalecer la gobernabilidad, continuidad y transición de gobierno; por lo que se impone la continuidad del Estado, soportada en ejes estratégicos fundamentales para el desarrollo, como la educación, salud, fomento de las exportaciones, trabajo digno y decente, con presupuesto de calidad en el gasto público; en fin todos trillemos por el sendero de un camino seguro.
Es hora de un llamado a un Pacto Nacional, para fortalecer la triple economía dominicana (pública-privada-social), es urgente que las fuerzas vivas se unifiquen bajo un pacto nacional de sostenibilidad como país, teniendo como soporte el ordenamiento territorial y un pacto nacional del agua, ante a la vulnerabilidad climática y una población cada día más demandante de bienes y servicios.
Correo: yanioconcep@gmiail.com
Cooperativista-ambientalista
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