José Alfredo Martínez, cooperativista
En el vasto ecosistema de la Economía Social y Solidaria, las cooperativas de ahorro y crédito transitan hoy una encrucijada histórica. De un lado, las empuja la fuerza arrolladora de la digitalización, la inmediatez y las nuevas formas de consumo financiero; del otro, las convoca una obligación irrenunciable: permanecer fieles a los principios y valores que les dieron origen y sentido.
En medio de esta tensión ha emergido una figura inquietante, cada vez más visible en reuniones, asambleas y pasillos institucionales: el llamado “cooperativista de conveniencia”, aquel dispuesto a canjear la esencia del modelo solidario por la comodidad de un terminal de punto de venta (POS) o una tarjeta de crédito emitida por la banca comercial.
Estos socios —que en la práctica actúan como no cooperativistas— sostienen una demanda recurrente: exigir que sus cooperativas operen exactamente igual que los bancos tradicionales, alimentando así un espejismo de modernidad.
Para justificarlo, alegan que la falta de interoperabilidad plena y el acceso limitado a redes internacionales de pago constituyen obstáculos insalvables para el desarrollo institucional.
El problema, sin embargo, no radica en la aspiración tecnológica —legítima y necesaria—, sino en la disposición de algunos miembros a sacrificar los principios y valores cooperativos a cambio de dichas facilidades.
Ser cooperativista supone comprender que las cooperativas no persiguen el lucro como fin último, sino el bienestar común de sus asociados y de las comunidades a las que sirven.
Cuando un socio exige “métodos de pago bancarios” a costa de flexibilizar los controles de riesgo solidario o de ceder la gobernanza a entidades externas, no está reclamando modernización; en esencia, está renegando del quinto y sexto principio cooperativo: la educación, formación e información, y la cooperación entre cooperativas.
Esta actitud compromete la esencia misma del modelo y nos sitúa ante el peligro real de su desnaturalización.
Si una cooperativa adopta los métodos, las tasas y, sobre todo, la ética del sistema bancario tradicional para satisfacer a un grupo de socios impacientes, corre el riesgo de convertirse en un banco más, pero sin el respaldo del capital de grandes accionistas. En ese tránsito, tanto los socios como la propia institución ponen en juego pilares fundamentales, entre ellos:
a) La autonomía: al integrarse de manera acrítica a redes bancarias, la cooperativa puede perder el control sobre sus datos y sobre sus decisiones sociales y financieras.
b) La solidaridad: el énfasis se desplaza de la ayuda mutua y el beneficio colectivo hacia la transacción veloz y el consumo individualista.
c) La propiedad: el socio deja de ser “dueño” para convertirse en un simple “cliente”.
La respuesta, por tanto, no consiste en dar la espalda a la tecnología, sino en desarrollar una tecnología con identidad cooperativa, coherente con su filosofía y su razón de ser.
Quienes se proclaman cooperativistas pero desprecian el modelo ante la primera oferta seductora de un banco revelan, en el fondo, una profunda carencia de formación doctrinaria.
Las cooperativas deben modernizarse, sin duda, pero hacerlo desde la integración entre ellas mismas —mediante negocios de red, consorcios, empresas comunes y plataformas compartidas—, y no a través de la rendición ante el modelo de banca comercial que, históricamente, ha excluido a los sectores sociales que el cooperativismo busca proteger y empoderar.
En definitiva, el cooperativismo no es un método de ahorro barato ni una tarjeta de plástico en la billetera; es un sistema de vida sustentado en la autoayuda, la equidad y la democracia.
Quienes estén dispuestos a quemar los principios en el altar de la “comodidad bancaria” deberían preguntarse, con honestidad, si realmente desean ser socios de una cooperativa o si, en realidad, solo buscan un banco con otro nombre.
Todos sabemos que, para la promoción del desarrollo social y la sostenibilidad del cooperativismo, la modernidad es vital.
Pero si el precio a pagar es la pérdida de su esencia, el costo —social y económico— resulta demasiado alto, uno que ningún cooperativista auténtico estaría dispuesto a asumir.
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