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Este artículo también fija postura sobre el suelto publicado por el periodista Anibal de Castro, en Diario Libre, con todo respeto
Enrique Quiñonez.
Hemos visto con asombro un escrito de un reputado periodista en donde, de manera desinteresada y al parecer sin ninguna mala intención, emite opiniones que evidencian un desconocimiento total sobre el sector cooperativo, su naturaleza y aportes a las comunidades y a la sociedad.
En el documento de referencia, al autor parece que se le olvida que las cooperativas, como organizaciones de la sociedad civil con un profundo arraigo en los valores de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y responsabilidad, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo social y económico de las personas y las comunidades.
Estas entidades asociativas, que, como su nombre lo dice, nacen de la voluntad de personas que se unen para satisfacer sus necesidades comunes, representan una alternativa valiosa frente a los modelos empresariales tradicionales debido a que en su accionar priorizan el bienestar de sus miembros y el impacto positivo en su entorno.
Me permito sugerirle al autor del mencionado artículo investigar y publicar en qué tipo de entidad estaban depositados los recursos financieros de los imputados de actos de corrupción y lavado de activos de los últimos años; además de investigar qué regulación se le aplica a esas entidades.
También deberá investigar todas las propuestas e iniciativas que ha hecho el sector para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y regulación para continuar con la práctica tradicional de la transparencia en la gestión y administración de los recuerdos de sus asociados.
En este contexto, debemos resaltar que los cooperativistas hemos propugnado por contar con un marco legal y regulatorio que reconozca su singularidad, naturaleza y fomente su desarrollo.
Es por ello que abogamos por la creación de un ente especializado en el registro y supervisión de cooperativas, cuya misión sea comprender y valorar la naturaleza social y solidaria de nuestras organizaciones, además de que este dotado de las capacidades y recursos que le permitan implementar controles internos adecuados al desarrollo y crecimiento nuestro.
Esta entidad regulatoria debe contar con profesionales con conocimiento en el sector cooperativo, capaces de entender las particularidades de cada organización y brindar un acompañamiento adecuado.
Que promueva la participación en espacios de diálogo y consulta donde las cooperativas puedan expresar sus necesidades y propuestas, siendo partícipes en la construcción de las políticas públicas que les atañen. Que fomente la intercooperación por medio de mecanismos que faciliten la colaboración entre cooperativas, creando redes de apoyo y fortaleciendo el movimiento cooperativo en su conjunto.
Que sea capaz de simplificar trámites para los procesos de registro y supervisión ágiles y eficientes, que no obstaculicen el desarrollo de las cooperativas y fomenten la transparencia.
La creación de este ente especializado no solo fortalecerá al sector cooperativo, sino que también contribuirá al desarrollo de una economía más justa, equitativa y solidaria. Las cooperativas, al priorizar el bienestar de las personas sobre el lucro, son un motor de cambio social y una muestra de que otra forma de hacer economía es posible.
Juntos podemos construir un futuro donde la solidaridad y la cooperación sean los pilares de nuestro desarrollo.
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