¿Qué cambia en España para las cooperativas y qué se puede asimilar de esta experiencia para RD?
MADRID . El Congreso de los Diputados de España aprobó la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, poniendo fin a un proceso parlamentario que comenzó en octubre de 2024. La norma ya tiene luz verde definitiva y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A la sesión asistió una numerosa representación de entidades del sector, que aguardaban el resultado de una votación reñida.
La ley modifica cuatro marcos normativos que regulan el ecosistema de la economía social en España: la Ley de Cooperativas de 1999, la Ley de Empresas de Inserción de 2007, la Ley de Economía Social de 2011 y la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas de 1990.
Un trámite largo y fuerte división política
El proyecto fue presentado por el Gobierno en octubre de 2024. En marzo de 2025, el Pleno rechazó una enmienda de devolución presentada por el Grupo VOX. Luego pasó a la Comisión de Trabajo y Economía Social, donde fue aprobado en diciembre con 19 votos a favor y 18 en contra —margen que anticipó la polarización que acompañó todo el debate.
El Senado, de mayoría del PP, incorporó más de 40 enmiendas al texto, casi todas rechazadas en el Congreso esta semana. Entre las pocas que prosperaron se cuenta un cambio que habilita a las cooperativas de servicios a realizar actividades con terceros no socios hasta un 50% de su actividad total.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cerró el debate agradeciendo a los bloques que acompañaron la iniciativa:
«Hoy aprobamos una ley importante, que quizá no hace tanto ruido como otras, pero que dice mucho sobre el país que queremos construir». Díaz también reconoció el rol de CEPES —la Confederación Empresarial de la Economía Social Española— como articuladora del sector durante el proceso.
Cooperativas: digitalización, igualdad y protección de identidad
El primer artículo de la LIIES moderniza la Ley 27/1999 de Cooperativas. La norma adapta el funcionamiento interno al siglo XXI mediante nuevas herramientas de comunicación y participación digital para los cooperativistas.
En materia de género, la ley establece la obligación de elaborar planes de igualdad cooperativos, crea Comisiones de Igualdad al interior de las entidades y fija el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno.
Otro punto central es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa. La norma otorga herramientas concretas para actuar contra entidades que operan bajo apariencia cooperativa pero que vulneran sus principios y valores, lo que protege la identidad del modelo frente a usos fraudulentos o instrumentales.
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