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El crédito en este ecosistema no nace de la especulación, sino de un pacto de ayuda mutua. Cuando un Comité aprueba un préstamo, no solo evalúa un puntaje de riesgo analizado por algoritmos; evalúa el rostro de un vecino, la viabilidad de un pequeño productor o el sueño de una familia que forma parte de la misma comunidad.
Enrique Quiñonez.
En el frío lenguaje de los balances contables, una cartera de crédito no es más que una cifra en la columna de activos; un flujo esperado de efectivo que puede empaquetarse, tasarse y venderse al mejor postor cuando la liquidez aprieta o la morosidad asoma. Para la banca tradicional, traspasar estos paquetes de deuda es una operación de rutina.
Sin embargo, cuando una cooperativa de ahorro y crédito se plantea cruzar esa línea y vender su cartera a entidades financieras comerciales o empresas de cobranza, la transacción deja de ser puramente financiera. Se convierte en un dilema ético que toca las fibras más íntimas de su identidad.
Cuando una cooperativa hace esto, debemos hacernos estas preguntas:
¿Qué se vende realmente cuando una cooperativa transfiere las deudas de sus miembros a otra entidad?
¿Es solo un movimiento pragmático de supervivencia o implica una renuncia silenciosa a sus principios fundacionales?
De la identidad del «socio» a la frialdad del «activo». El corazón del cooperativismo de ahorro y crédito late bajo un principio de doble condición: el usuario del servicio es, al mismo tiempo, el dueño y gestor de la organización.
El crédito en este ecosistema no nace de la especulación, sino de un pacto de ayuda mutua. Cuando un Comité aprueba un préstamo, no solo evalúa un puntaje de riesgo analizado por algoritmos; evalúa el rostro de un vecino, la viabilidad de un pequeño productor o el sueño de una familia que forma parte de la misma comunidad.
Existe un vínculo social, ético y humano indestructible. Al vender esa cartera a un tercero, cuyo único motor es la maximización del lucro, ese pacto se quiebra. El «socio» es despojado de su identidad institucional y amanece convertido en un simple «activo financiero».
Su deuda, nacida bajo una lógica de acompañamiento y solidaridad, pasa a gestionarse bajo los implacables parámetros del rendimiento del capital. Filosóficamente, la relación horizontal basada en la dignidad humana se transmuta en una relación vertical e impersonal de cobro.
Las cooperativas nacieron como una alternativa humanista frente a los excesos del mercado, colocando a la persona por encima del capital. Por eso, ante la dificultad económica de un miembro, la doctrina cooperativa se empuja a buscar la flexibilización, la reestructuración y el auxilio mutuo.
El comprador externo de una cartera de crédito, sin embargo, no comparte esa cosmovisión. Su meta es el retorno financiero rápido y eficiente, aplicando métodos de cobranza que muchas veces rozan la hostilidad.
Al delegar la gestión del impago a estas entidades, la cooperativa, de manera indirecta, permite que sus propios miembros reciban un trato diametralmente opuesto a los valores que inspiraron la creación de la institución.
En el escenario nos planteamos una pregunta incómoda pero urgente: si para sobrevivir en el mercado la cooperativa debe adoptar las herramientas más crudas de la banca especulativa, ¿está transformando la economía o se está dejando asimilar por ella?
Es precisamente en este escenario de vulnerabilidad donde cobra sentido el concepto de integración y el principio de cooperación entre cooperativas y de estas con sus asociados.
Lo más importante es que se garantice que el socio con dificultades de pago siga siendo tratado bajo una política de cobranza social y humanista, manteniendo el patrimonio y la dignidad de la base social dentro de las fronteras protectoras del propio cooperativismo.
Quienes defienden la venta de cartera desde la gobernanza cooperativa suelen apelar al pragmatismo: «Es preferible sacrificar una parte de la doctrina para salvar la estabilidad de la institución y proteger los ahorros de la mayoría de los asociados». Es un argumento de peso; un barco hundido no puede salvar a sus tripulantes.
No obstante, el riesgo de cortoplacismo es latente. La estabilidad de una cooperativa no se mide solo en su encaje legal o su liquidez inmediata, sino en la confianza inquebrantable de su base social. Liquidar la cartera de forma externa puede comprometer el legado y la solidaridad que costó décadas edificar.
La venta de la cartera de crédito a terceros ajenos debe ser vista como lo que es: un último recurso que genera un alto costo en el patrimonio moral de la organización.
Porque una cooperativa puede recuperar su liquidez en el próximo ejercicio contable, pero si en el camino pierde la confianza de sus asociados y la pureza de sus principios, habrá salvado el balance económico a costa de perder su verdadera razón de ser.
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