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Trabajar para dotar al país de un nuevo marco legal cooperativo le permitirá al Estado asegurarse de que las cooperativas continúen siendo motores de desarrollo en las comunidades, las microempresas y los sectores profesionales
José Alfredo Martínez. Cooperativista.
En la República Dominicana, el cooperativismo ha demostrado ser una de las fuerzas socioeconómicas más vigorosas para la democratización del crédito, la inclusión financiera de sectores vulnerables y la dinamización del aparato productivo nacional.
Sin embargo, este robusto sector continúa operando bajo un marco jurídico obsoleto: la Ley No. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, promulgada hace más de seis décadas. La brecha entre la complejidad financiera de las cooperativas dominicanas actuales y las capacidades operativas del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) exige con urgencia una reforma legislativa integral.
Esta legislación no debe plantearse como un intento de asimilar el cooperativismo al régimen de la Ley Monetaria y Financiera (No. 183-02) que rige a la banca, lo cual desvirtuaría su esencia doctrinaria.
Tampoco puede mantenerse el statu quo, en el que la falta de supervisión prudencial especializada expone el ahorro de millones de dominicanos a riesgos de gobernanza o gestión.
El objetivo de la reforma debe ser fortalecer la institucionalidad del regulador estatal, respetando la naturaleza solidaria del sector y la integración cooperativa, representada por el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y las federaciones territoriales y sectoriales.
Trabajar para dotar al país de un nuevo marco legal cooperativo le permitirá al Estado asegurarse de que las cooperativas continúen siendo motores de desarrollo en las comunidades, las microempresas y los sectores profesionales; garantizando eficacia, eficiencia, solvencia, transparencia con el fiel apego a los valores y principios universales del cooperativismo.
A mi entender, durante esos trabajos se deben contemplar cinco (5) pilares indispensables para el sustento de la reforma legal en la República Dominicana; estos son:
- Transformación y fortalecimiento institucional del IDECOOP: Reestructurar el ente regulador para dotarlo de una auténtica autonomía técnica, administrativa y presupuestaria que lo convierta en una Dirección General o Superintendencia de Cooperativas con capacidad de fiscalización extra e in situ con herramientas de regulación prudencial diferenciada, y facultad sancionadora en los casos necesarios.
- Gobernanza corporativa e idoneidad directiva: Estableciendo criterios claros de idoneidad doctrinaria, ética y profesional para los miembros de los órganos de gobierno de las cooperativas, previniendo el conflicto de interés, garantizando la alternancia democrática e impidiendo la perpetuación en estos órganos.
- Sistema de protección al ahorro y gestión de riesgos: Creación de Fondos que serán utilizados para el resguardo de los depósitos cooperativos y esquemas obligatorios de reservas líquidas adaptados a su naturaleza, protegiendo el patrimonio de los asociados ante eventuales perturbaciones financieras que pudieran afectar la liquidez operativa de la cooperativa.
- Definición del acto cooperativo y neutralidad fiscal: El Estado es responsable de proteger y blindar la naturaleza del «acto cooperativo» en la legislación tributaria nacional para evitar la doble imposición y la competencia desleal, asegurando que las exenciones y tratamientos especiales se apliquen rigurosamente para las operaciones entre las cooperativas y sus asociados.
- Integración, inclusión digital y prevención de lavado de activos:Fomentar la creación de cooperativas y la integración, normar la adopción de tecnologías financieras (Fintech) y servicios digitales, adecuando de manera proporcional al cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, sin restar agilidad a la inclusión financiera en comunidades rurales y urbanas marginales.
Las deficiencias identificadas en las normativas vigentes en la República Dominicana, así como las soluciones estructurales contenidas en los pilares planteados anteriormente, están contempladas en el proyecto de reforma presentado por el sector cooperativo a través de sus legítimos y autorizados representantes, el CONACOOP y las federaciones.
Estas soluciones podrán ser identificadas por todo lector verdaderamente interesado en el crecimiento y desarrollo de los asociados de las cooperativas y sus comunidades.
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